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Cuba exige apoyo
contra el embargo a empresas de EEUU.
Wilfredo Cancio Isla
El Nuevo Herald
En su enconada batalla contra el embargo, Cuba está
asegurando sus compras de pollos, maíz y soya en Estados Unidos mediante
un acuerdo estratégico que compromete a firmas y entidades
norteamericanas a gestionar ante el Congreso la normalización de
relaciones comerciales con la isla.
Recientes transacciones entre la empresa estatal Alimport y compañías
estadounidenses se han generado bajo la firma de un ''Memorando de
entendimiento'' que implica un quid pro quo entre ambas partes
negociadoras: adquisición de productos a cambio de presiones políticas.
''En respuesta a la iniciativa del Buró de Agricultura de Indiana (IFB)
de explorar los negocios en el mercado cubano y su compromiso expresado
de liberalizar el comercio y los viajes a Cuba, Alimport ha acordado
comprar hasta $15 millones en bienes agrícolas a los negociantes
radicados en [el estado de] Indiana'', señala el documento suscrito el
pasado 8 de octubre en La Habana.
El memorando añade que ``el IFB expresó su compromiso de presionar en el
Congreso para abordar el problema de Cuba y derrotar las restricciones
existentes para el comercio y los viajes con la isla''.
Una cláusula similar aparece en el memorando firmado entre las
autoridades cubanas y los funcionarios del puerto de Manatee, Florida,
el pasado noviembre.
''Las partes renovaron su interés mutuo de trabajar para favorecer las
irrestrictas relaciones comerciales y de viaje entre Cuba y EEUU, en
beneficio de las de Alimport y el consecuente incremento de los negocios
para el puerto de Manatee y Tampa Bay'', reza el documento.
También el acuerdo con las autoridades del puerto y el estado de
Alabama, el pasado agosto, fue suscrito bajo los mismos términos.
Aunque los memorandos firmados en los últimos meses especifican que el
compromiso no es ''legalmente obligatorio'', el acápite sobre la gestión
antiembargo ha generado preocupación entre analistas, empresarios y
funcionarios públicos, quienes lo califican como una nociva politización
del creciente nexo comercial con la isla.
''Es realmente problemático que compañías estadounidenses se comprometan
a establecer una relación de negocios sostenida en motivaciones
políticas'', afirmó John Kavulich, presidente del Consejo Económico y
Comercial Cuba-EEUU, con sede en Nueva York.
Philip Peters, vicepresidente del Instituto Lexington y consejero del
Grupo de Trabajo sobre Cuba, se mostró sorprendido, aunque restó
importancia a las implicaciones del hecho.
''Obviamente no estamos ante una relación normal de comercio, pero no lo
veo [la claúsula] como algo determinante'', argumentó Peters. ``Las
empresas interesadas en promover el comercio y los viajes a Cuba tienen
una motivación lógica contra el embargo''.
Pero Kavulich consideró que no es saludable para una relación comercial
hacerla depender del cabildeo político. ''Es un mecanismo destructivo'',
aseveró el ejecutivo, que atribuyó el hecho a la urgencia de Cuba por
incrementar sus grupos de presión en Washington.
Uno de los principales bastiones contra el embargo, la Fundación de
Política hacia Cuba, se desintegró a comienzos de año luego de la ola
represiva desatada por el régimen castrista contra la disidencia interna.
El carácter político de las compras de Alimport a firmas estadounidenses
fue objeto el pasado mes de un inusual desmentido en la prensa oficial
cubana. Una nota en el diario Granma indicó que el vicecanciller Angel
Dalmau no había interpretado correctamente los objetivos de las compras
del gobierno de Cuba.
En una entrevista con la prensa extranjera en La Habana, Dalmau aseguró
que ''cada compra que realizamos en EEUU no es sólo porque ahorramos
dinero, sino porque tienen más valor político'' con el fin de derrotar
el embargo.
''La prioridad de Cuba con estas compras es derrotar el embargo y
enriquecerse del potencial turismo norteamericano'', declaró el
congresista cubanoamericano Lincoln Díaz-Balart, férreo defensor de
mantener las sanciones económicas contra el régimen castrista.
El legislador fustigó que empresas norteamericanas estén suscribiendo
acuerdos de entendimiento sobre la base de cabildear en el Congreso
contra el embargo. ``Están llegando a componendas con la tiranía
pensando en beneficiarse en un futuro, pero en realidad están entrando
en una lista negra''.
Kent Yeager, director de asuntos gubernamentales en el IFB, negó que la
gestión de su entidad implique una concesión impropia al gobierno cubano.
''Esta es una oportunidad para los empresarios agrícolas de Indiana en
beneficio del pueblo de Cuba'', insistió Yeager. ``Simplemente estamos
actuando de acuerdo con la ley establecida; nuestra posición contraria
al embargo se halla cada vez más extendida en la nación''.
El funcionario aseguró a El Nuevo Herald que el IFB presionará a todos
los congresistas del Estado --incluyendo al representante republicano
Dan Burton-- en favor de la eliminación del embargo. Burton es coautor
de la Ley de Democracia para Cuba (1996), que refuerza el cerco
económico contra Cuba.
Las ventas de alimentos y medicinas a Cuba se iniciaron tras la
aprobación del Congreso, bajo la condición de que las operaciones se
realizaran en efectivo. Desde diciembre del 2001 a septiembre del
presente año, el monto de las transacciones alcanza ya los $304.5
millones.
Sólo en el 2003 Alimport ha comprado unos $161.5 millones, cifra que
representa un aumento del 48 por ciento con respecto al año anterior.
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